Columna de Gabriel Osorio y Cristóbal Osorio: Nombramiento de jueces: 30 años de debate en el sistema político

El polémico “Caso Audios” ha reabierto el debate sobre los mecanismos de nombramiento en el Poder Judicial. Es sano que el tema emerja, pero vale la pena entender cómo el sistema político ha enfrentado -o más bien eludido- los dilemas inherentes a la discusión.

“Se prohíben las audiencias privadas con candidatos o quienes representen sus intereses, para establecer, a cambio, audiencias públicas y con el pleno de la Corte Suprema”. Esta cita forma parte del proyecto de ley del expresidente Piñera para modificar el sistema de nombramientos del Poder Judicial, el cual busca, por un lado, crear la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, y por otro, tal como dice la cita, fijar barreras entre postulantes y superiores jerárquicos en los procesos de postulación. Es decir, el diagnóstico existía.

No es la única iniciativa que duerme. Ya en 1991 el expresidente Aylwin propuso crear un “Consejo Nacional de Justicia” y en 2019, el entonces diputado Gabriel Boric, suscribió una moción para crear un “Consejo Nacional de la Magistratura”. También los procesos constituyentes de 2022 y 2023 propusieron nuevas fórmulas. Incluso un relator especial de independencia de magistrado de la ONU emitió en 2018 un informe con recomendaciones para proteger los procesos y la carrera judiciales frente a presiones políticas. Nada prosperó, y ahora parecen todos sorprendidos.

Lo escandaloso es que han transcurrido más de 30 años y no hemos sido capaces de acordar un sistema moderno de nombramientos. Y ahora, en el siglo XXI, se cae en la “moralina” de recomendar cambios “espirituales” o “valóricos”. Algo que solo contribuye al nihilismo y a postergar ponernos manos a la obra.

Esta parálisis del sistema político por falta de acuerdos no afecta exclusivamente al sistema de nombramientos.

Ha sido particularmente la Corte Suprema la que se ha hecho cargo de dicha parálisis, por la vía de resolver conflictos y fijar pautas en materias que tal vez no habrían llegado a sus despachos si gobierno y Congreso hubiesen actuado con premura y urgencia. Basta recordar sus fallos en materia de medicamentos de alto costo e Isapres. A propósito de la crisis de seguridad, también los supremos ordenaron el desalojo de las tomas ilegales, obligando a las autoridades administrativas a satisfacer los legítimos intereses en acceder a viviendas, y custodiar los derechos de propiedad. También un fallo encontró una solución a los fraudes bancarios. Son solo algunos ejemplos.

Los frenos y contrapesos entre los poderes del Estado no son obstáculo para que estos se miren a sí mismos y evalúen si han estado a la altura. No basta solo con apuntar con el dedo; hay que hacerse cargo de los problemas.

El Poder Judicial ha suplido la falta de acuerdos; pero ahora toca a los otros poderes acordar cómo satisfacer el interés público, y buscar soluciones para que las instituciones no sigan deteriorándose.